La amenaza sigue viva = AMLO

27 Jun

LA AMENAZA SIGUE VIVA

 

La gran decepción que tenía el pueblo de Venezuela en 1998 por la corrupción y el desempeño de sus partidos políticos tradicionales lo llevó a elegir hace poco más de trece años a un personaje que decía ser una alternativa política “honesta”, que corregiría todos los entuertos creados durante décadas por los políticos de esos partidos, así como que mejoraría el nivel de vida de los venezolanos.

Me refiero, como se imagina, a Hugo Chávez, quien efectivamente ha transformado a Venezuela, pero haciendo bueno el dicho popular de que el remedio fue peor que la enfermedad.

En nuestro país también existe un enorme desencanto con los partidos políticos tradicionales. El PRI y el PAN han dado innumerables muestras de corrupción, nepotismo y malos manejos políticos.

Lo cierto es que nuestro sistema político está podrido y sólo ofrece alternativas malas, peores o pésimas. No hay forma que desde dentro pueda cambiar, porque no conviene a los intereses de quienes participan en él.

En este contexto surge en México, al igual que en Venezuela, una figura mesiánica, que promete curarnos de todos los males, reales o imaginarios, que ocasionaron los gobernantes salidos de esos partidos.

Esa figura es Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quién busca nuevamente la Presidencia de la República. La verdadera, no la espuria de “presidente legítimo”, con la que se autonombró después de su pataleta por la derrota sufrida en las elecciones del 2006.

El PRD y AMLO, sin embargo, no son nuevos en el devenir político de nuestro país. No son, como dicen, una alternativa fresca y honesta, con programas económicos modernos. Por el contrario, se oponen a las reformas estructurales y representan la versión más retrógrada del de por sí anquilosado sistema político mexicano y, por ende, son la opción pésima en esta elección presidencial.

Las nuevas generaciones muy probablemente desconocen que AMLO y muchos de los fundadores del PRD son priístas despechados. Abandonaron al PRI no por diferencias ideológicas, sino porque les fue negado el hueso al que aspiraban.

AMLO dejó el PRI porque no fue su candidato a la gubernatura de Tabasco. Eso mismo hizo Ricardo Monreal (que ahora está en el PT) al negársele la candidatura a la gubernatura de Zacatecas y Cuauhtémoc Cárdenas, quien no obtuvo la de la Presidencia de la República.

Ellos salieron del PRI tecnocrático de los 80s y 90s con las ideas y convicciones del PRI populista, intervencionista y estatista de los años de Luis Echeverría Álvarez. Y esas mismas ideas están presentes hoy en el PRD que cobija a estos dinosaurios políticos.

AMLO corteja hoy, con mensajes de amor y concordia, al sector privado. Pero la mona aunque se vista de seda, mona se queda. La demagogia y el malabarismo verbal son su sello personal. Tiene una gran habilidad para hacer creíbles las más descabelladas hipótesis, con las que fácilmente engatusa a las personas, confundiendo el debate de ideas con el intercambio de descalificaciones. Está en pro de una mayor intervención del Estado y desdeña la economía de mercado.

La crítica de AMLO a la economía de mercado en distintos foros y discursos, contrasta con su visión romántica de un intervencionismo gubernamental caracterizado por acciones óptimas de gobernantes y burócratas bondadosos y omniscientes.

La gran mayoría de las personas sabemos perfectamente que ésa no es la forma en que se comporta la burocracia, como tampoco es la pauta que rige el comportamiento de los políticos.

En la práctica, los mercados imperfectos funcionan mejor que los gobiernos imperfectos. La competencia, así como los incentivos al esfuerzo y la innovación, sin importar qué tan imperfecto sea el mercado, funcionan siempre mejor que los programas y planes de los burócratas “angelicales” que desde un escritorio persiguen, supuestamente, el interés público. La extinta Unión Soviética es un ejemplo patente de ello.

En principio, es fácil coincidir con muchas de las preocupaciones de AMLO. No hay duda que todos aspiramos a un México más culto, seguro y sin corrupción, con un gobierno austero y eficiente, que facilite la acción de los particulares, respete los derechos de propiedad, y donde los costos de los insumos sean “justos y competitivos” para lograr un crecimiento alto y sostenido.

En fin, todos deseamos y buscamos el Paraíso en la Tierra, promesa que hacen todos los políticos, pero que AMLO dice sólo él puede hacerla realidad.

El problema no está, por tanto, en la exposición de las preocupaciones centrales de AMLO, la mayoría de las cuales apelan a los más nobles sentimientos humanos, sino en el populismo, el intervencionismo estatal y las políticas públicas que propone usar para cumplir sus promesas, que son un camino seguro al infierno económico.

El programa social de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que incluye, entre otras cosas, los servicios de salud y educación es extremadamente ambicioso. En su gobierno habría dinero para todos y para todo, de manera que nadie quedaría fuera de estos sistemas de bienestar social.

En principio, me parecen muy loables estas intenciones. ¿Quién no desea que todos los mexicanos tengan acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y que todos terminen una carrera profesional? ¿No es ése, acaso, el ideal de todos los países del mundo? Y, aun así, ni siquiera las naciones más desarrolladas y ricas cuentan con los recursos financieros y humanos para lograrlo.

Debe subrayarse que la “gratuidad” no quiere decir sin costo. Lo que es gratuito para el beneficiario le cuesta al contribuyente. Sin embargo, AMLO no presenta un cálculo, siquiera aproximado, de lo que se necesitaría para hacer efectivas sus promesas tan generosas. En principio, todo su financiamiento saldría de la “austeridad republicana”.

Ésta consiste en la lucha contra la corrupción, la disminución de los sueldos de los “altos funcionarios públicos” y una reforma tributaria que ampliaría considerablemente la base del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Por una parte, la reforma fiscal que tiene en mente, con medidas para reducir la evasión fiscal y eliminar privilegios y tratos preferentes en el ISR no recaudaría lo que plantea, como lo comentó hace tiempo Everardo Elizondo, y menos si deja fuera como es su intención, la generalización del Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas.

Pero lo que más llama la atención es la importancia que deposita en la disminución de los sueldos de los “altos funcionarios públicos”.

La mayoría de los mexicanos sabemos que nuestros gobernantes aprovechan el puesto público para enriquecerse. Vemos ejemplos de corrupción y dispendio rampantes, con nóminas que superan los ingresos que obtienen las burocracias de otros países.

En consecuencia, suena atractivo cuando surge una voz que promete acabar con esos abusos y privilegios. No tengo duda que estaríamos mejor con un Estado más pequeño, eficiente y esbelto. Por mí, que despidan a muchos burócratas y desaparezcan muchas regulaciones y permisos que son oportunidades de corrupción.

Eso, sin embargo, no es lo que tiene en mente AMLO. No habla de despedir personal o de eliminar regulaciones. Sólo insiste en una reducción de los sueldos de los “altos funcionarios públicos” para financiar sus promesas del Paraíso en la Tierra.

Esa cantaleta no es nueva, pero por conversaciones con diferentes personas, es efectiva. La sola mención de que se reducirían los sueldos de los “altos funcionarios públicos” es recibida con gran beneplácito.

El problema está en que eso es un gesto simbólico, pero nunca la panacea de recursos que AMLO necesita para mantener ocupada la mano generosa del Estado. Las cifras que maneja no tienen relación con la realidad, pero el mensaje tiene eco en una población harta de sus políticos. AMLO suelta números a la ligera, sin saber de lo que habla o, peor aun, con una intención dolosa.

Hace seis años, por ejemplo, habló de una política de “austeridad republicana” que, al igual que hoy, reduciría los sueldos de los altos funcionarios públicos, abatiría la corrupción, y disminuiría los gastos innecesarios y superfluos, pero en ese entonces el ahorro esperado era de 100 mil millones de pesos.

Esa cifra no impresiona ahora, y como se trata de exagerar, en esta ocasión va más lejos. Hoy nos dice que se va a ahorrar “300 mil millones de pesos nada más con el ajuste que vamos a hacer a los sueldos de los altos funcionarios públicos”.

Pongamos ese monto en perspectiva. Equivale a casi el 50 por ciento del renglón de servicios personales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, lo que implicaría una cirugía mayor de la burocracia.

Esa cirugía requeriría de una de dos estrategias. Por un lado, despedir a alrededor de 400 mil personas, la mitad de las cuales trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por otro lado, si no hay despidos masivos, lograr esos ahorros requeriría de una reducción de entre 70 y 80 por ciento en los sueldos de más de un millón de burócratas. En cualquier caso, valdría la pena que AMLO lo dijera abiertamente.

Lamentablemente, una disminución de ingresos de esa magnitud haría que las personas mejor preparadas abandonaran sus puestos para buscar alternativas más atractivas en el sector privado, dejándonos con un gobierno todavía más plagado de ineptos y con motivos suficientes para completar su ingreso mediante la explotación de múltiples formas de corrupción.

AMLO, por tanto, no tiene en asuntos económicos idea de lo que dice.

Primero, la paranoia. AMLO, al igual que Hugo Chávez, ve complots y conspiraciones en todos lados. Un ejemplo fue su visita a fines del 2011 a España, donde se las agenció para decir muchos disparates en pocas palabras, culpando de todos los males de México y la humanidad a una conspiración mundial.Existen algunos empresarios que simpatizan con la campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y cabildean en su favor, quizá porque no se percatan de que es un enemigo acérrimo del sector privado y la antítesis de la libertad económica de los particulares. Veámoslo sin careta.

Él afirmó que “la crisis de México viene de tiempo atrás, aunque se precipitó desde la década de los 70, cuando un grupo de potentados en el ámbito internacional, ordenó a sus técnicos y a sus políticos diseñar y aplicar un nuevo modelo para dominar a los estados nacionales y apoderarse de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos”.

Segundo, se opone abiertamente a las “llamadas ‘reformas estructurales’ en materia laboral, energética, fiscal y de seguridad social que, en esencia, significan más privatización, beneficios para una élite y costosos retrocesos sociales”.

Los empresarios saben que urge en México, entre otras, una reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo y mejore la competitividad de las empresas en los mercados externos. AMLO se opone a ella, pero no a cambios socializantes que interfieran más con la operación de los negocios.

Él tiene la pretensión desde su campaña de 2006 de “impulsar la representación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas públicas y privadas, para aumentar la productividad de las empresas y para garantizar un reparto justo de la riqueza que generan.”

Tercero, muestra un gran desdén por la determinación de los precios en el mercado. La estrategia de AMLO en lo que toca a los precios de los energéticos es que no los determine el mercado, ni su costo de oportunidad, sino un conjunto de burócratas omniscientes.

El manejo de esos precios desde los escritorios de la burocracia siempre tiene resultados desastrosos en la asignación eficiente de recursos, más cuando incluye la promesa electorera de reducir los precios del gas, la gasolina y la electricidad.

Esos menores precios, en la medida que no son resultado de las fuerzas del mercado, beneficiarían a las clases medias y altas, restarían recursos de tareas que en realidad ayudarían más a los pobres, como el transporte colectivo, propiciarían mayores congestionamientos viales y más contaminación ambiental, así como perjudicarían a las generaciones futuras, al agotar aceleradamente nuestros recursos naturales.

Una alternativa sensata sería dejar que esos precios se movieran de acuerdo a las fuerzas del mercado, mediante una reforma energética que promoviera una mayor competencia al permitir la participación del sector privado. Eso no está en la agenda estatista de AMLO, quien equipara la privatización de las empresas estatales a un saqueo de las riquezas y de los bienes de la nación.

No es posible en este espacio comentar los muchos otros planteamientos populistas y estatistas de AMLO, pero termino con dos que confirman su peligroso parecido con los gobiernos nefastos de Venezuela y Argentina.

El primero afectaría seriamente a la clase trabajadora del país. Me refiero a la intención de AMLO, si llegase algún día a la presidencia, de emular a Hugo Chávez y Cristina Fernández para meter su mano en los fondos de pensiones de los trabajadores, con lo que acabaría por comprometer la integridad de los mismos.

En efecto, él ha planteado “reformar los sistemas de pensiones para promover una política de inversión en infraestructura con los fondos que actualmente administran empresas del capital financiero. De esta manera un 50% de los fondos continuarán en las Afores y el otro 50% restante los manejará el Estado…”.

El peligro mayor, sin embargo, es un proyecto que abriga desde su campaña de 2006, similar al que usó Hugo Chávez para perpetuarse en Venezuela, de “realizar una consulta amplia y formal para que la sociedad determine si quiere o no una revisión integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuál es la mejor vía para realizarla, sea esta la aprobación de un proyecto por el procedimiento ordinario de reformas constitucionales, o sea mediante la convocatoria a un Congreso Constituyente”.

En síntesis, la retórica paranoica y populista de AMLO, así como su delirio de grandeza caudillista llevarían al país, si llegase a ganar las elecciones, en la ruta del retroceso económico. Desechemos, por tanto, esta opción pésima, y conformémonos con alguna de las otras dos, que son malas, pero no tanto.

 

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